En menos de una semana, el Congreso mexicano aprobó una nueva ley de Ciencia para México, que “garantiza al pueblo de México el derecho humano a la ciencia” (sic), y no el beneficio particular de empresarios e investigadores. Esta medida le otorga derecho de veto en presupuestos para ciencia al ejército y la marina.
La reforma cambia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (CONAHCyT). Sin embargo, los cambios no son sólo nominales.
#NuevaLeyHCTI Enhorabuena por México, se consolida el carácter humanístico de las políticas científicas y tecnológicas, con gran compromiso @senadomexicano aprueba la minuta y proclama la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. pic.twitter.com/jJnZ1Dig4j
— Conahcyt México (@Conahcyt_Mex) April 29, 2023
La nueva Ley de Ciencia y Tecnología le retiró a los 26 centros públicos del CONACyT la autoridad presupuestaria para elegir proyectos de investigación. Ahora, un consejo integrado por Secretarías de Estado y gobiernos estatales elegirán los proyectos que se financiará en México.
A esta junta de gobierno se sumarán las secretarías de Marina y de Defensa Nacional; que aunque representan dos de los 20 votos que tomarán decisiones sobre el presupuesto.
Adiós al CONACyT, el gobierno actual cambió sus reglas de operación || Fuente: Especial
El enfoque humanista ahora abre la posibilidad de abrir la puerta a otras orientaciones epistémicas, pero también se incluyen estos criterios para formular y evaluar la política en materia científica.
Para el presidente López Obrador, la reforma excluirá a grupos elitistas que recibían presupuesto público sin producir ciencia. Esta acusación viene luego de que Elena Álvarez-Buylla, directora del CONACyT acusara a empresas como Intel, Motorola y LG de usar el presupuesto público para acrecentar sus ganancias.
Posteriormente, Red ProCiencia MX desmintió las declaraciones de la funcionaria, con base en datos del CONACyT. Por otro lado, la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información considera que esta política desincentivaría la participación de las empresas en proyectos financiados con el presupuesto público.
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