Tras haber postergado la discusión, el pasado domingo, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue rechazada en lo general con 223 votos en contra y 275 a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados.
#ÚltimaHora Se desecha el dictamen por el que se reforman los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica. #ReformaEléctrica pic.twitter.com/Q2umrPdum1
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 18, 2022
Cabe señalar que para poder aprobar esta reforma, Morena y sus aliados requerían de 336 votos, pues las modificaciones a la constitución necesitan ser aprobadas por una mayoría calificada. Con estos resultados, no hubo necesidad de llevar una discusión en lo particular.
Con ello, la reforma eléctrica, que pretendía otorgar el 54% de participación sobre la producción de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), eliminar los contrapesos institucionales y de libre competencia, y darle preferencia a las plantas más costosas de la red eléctrica, fue desechada.
El presidente ya envió su iniciativa de reforma a la Ley Minera, para prohibir las concesiones de litio || Fuente: Gobierno Federal
AMLO envía iniciativa de Ley Minera
Por su parte, y como había advertido, el presidente AMLO indicó durante la conferencia mañanera de este lunes 18 de abril que envió a los legisladores una iniciativa de reforma a la Ley Minera, donde se cancelarían las concesiones para explotar el litio. El presidente indica que esta reforma requiere de mayoría simple para poder ser aprobada, por lo que pidió que sea aprobada.
Además, el presidente dijo que los empresarios que tienen contratos de concesión en minerales como el oro, la plata y otros, quedarán libres de las consecuencias del proyecto presentado ante la Cámara de Diputados, pues se “nacionalizará” (sic) exclusivamente el litio.
López Obrador envió a la noche de ayer su iniciativa de reforma a la Ley Minera, que monopoliza la explotación del litio en manos del Estado mexicano y prohíbe otorgar concesiones para este fin a las empresas privadas.
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