El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en que el Gobierno expropió la concesión de tres tramos ferroviarios a Ferrosur, empresa propiedad del Grupo México Transportes. Este decreto supone ciertos riesgos sobre la inversión y la certidumbre jurídica sobre derechos de propiedad, que en el largo plazo, terminan impactando sobre el crecimiento económico del país.
Se trató de las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, en Veracruz; que suman 120 km de línea. La ocupación de este tramo ahora será llevada por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El objetivo es construir un Corredor Interoceánico en el Istmo, que aspire a ser una estructura complementaria al canal de Panamá.
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En el decreto, firmado por el presidente López Obrador, se indica que la medida se toma por razones de seguridad nacional y de utilidad pública, pues el funcionamiento de una plataforma logística requiere tener todo el control y administración sobre las vías férreas que comprenden el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La ley mexicana permite que el gobierno se adjudique activos privados a cambio de una indemnización. En el decreto se lee que las indemnizaciones precedidas por la ocupación temporal deben ser compensadas a valor de mercado. Precisamente, el Grupo México denunció por la mañana del viernes que las instalaciones en el tramo concesionado fueron ocupadas por personal de la Secretaría de Marina.
Personal de la Marina ocupa los tramos anteriormente a cargo de Ferrosur || Fuente: Especial
Grupo México Transportes dio a conocer que está negociando con el gobierno para resolver el tema de la concesión del tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas (concesión que data de diciembre de 1998). La empresa indica que a inicios del 2022, firmó un acuerdo con las autoridades, para construir una vía con independencia operativa, para entregarse a la Secretaría de Marina. Aunque esta vía se comenzó a construir, el gobierno desechó el acuerdo meses después.
Este lunes, López Obrador dijo que el tramo recuperado por el gobierno estaba siendo en desuso, y que está dispuesto a pagar una indemnización a la empresa en caso de ser necesario. El presidente dijo que los abogados de la empresa pidieron al gobierno un pago por 9 mil 500 millones de pesos, pero se rechazó, indicando que la indemnización debe hacerse tras un procedimiento legal.
AMLO reconoce que indemnizará a Grupo México conforme a derecho || Fuente: Gobierno Federal
Estos son los riesgos de la medida
Cabe señalar que esta decisión no se toma con base en medidas legisladas durante este gobierno, sino en función de la propia Constitución, que permite deliberadamente la expropiación con motivos de “utilidad pública”. En este caso particular, al tratarse de una concesión, el gobierno es el titular original de los tramos.
En su columna en El Economista, el profesor Isaac Katz explicó que la Constitución de 1917 no establece qué se entiende como “utilidad pública”, sino que este término se define en la Ley de Expropiación, donde el concepto es tan amplio, que incluye bienes públicos puros, medios para la defensa nacional, conservación de recursos naturales, o hasta la creación de empresas públicas.
Esta ambigüedad supone riesgos para los inversionistas. pues no existe garantía sobre la propiedad privada, lo que pone en duda si los proyectos serán viables a largo plazo, pues además de cuidarse del crimen organizado, el gobierno les puede confiscar sus propiedades, proyectos y concesiones. Este gobierno no ha estado exento de medidas autoritarias de esta clase, como la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, la votación para detener la construcción de la planta de Constellation Brands, o la expropiación del club de golf en Tijuana.
#Comunicado | El #CCE expresa su preocupación por el futuro de la
inversión en #México. pic.twitter.com/kTml0V54od— Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) May 20, 2023
Precisamente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que estas decisiones minan la confianza para invertir en México y generar empleos. El CCE comentó que busca colaborar con el gobierno para contribuir al desarrollo del sur del país, pero recalcó la necesidad de la certeza jurídica para que los empresarios inviertan en México.
Sobre el tema, Grupo México Transportes señala que ante la ocupación de la Marina, hay una negociación difícil, y que en caso de no llegar a un acuerdo, se deteriorará a a la empresa, sus empleados, clientes y al libre mercado.
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